Son varias las maniobras llamativas en este nuevo caso de megaevasión detectado, según comentó ayer en conferencia de prensa el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Contó que, por ejemplo, una persona de más de 80 años era el principal accionista de la superproveedora, pero este anciano vive en una humilde residencia, lejos de los lujos y la comodidad que pudiera tener alguien que facturó USD 8,3 millones en los últimos tres años.
Otra cuestión guarda relación con un depósito. Tras una operación fallida en el Banco Nacional de Fomento (BNF), por supuesta falta de garantías, un familiar de este octogenario depositó en un banco privado un cheque de G. 3.500 millones por las supuestas obras que realizaba a los entes públicos descentralizados. Sin embargo, ese dinero fue retirado íntegramente dos días después. Cuando se le pidió a esta persona –que sería el sobrino del anciano– la justificación de los gastos, el mismo se borró, por lo que no pudo desmentir las inconsistencias detectadas con documentos respaldatorios.
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