Por lo menos seis funcionarios fueron detenidos por casos de cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias o extorsión en menos de un mes. El último caso que se descubrió corresponde a Juan Gabriel Colarte, quien se desempeñaba como asistente administrativo en la Unidad Penal N° 1 de Ñemby.
Evitar una imputación, sacar una resolución favorable en un caso de indemnización de daños y perjuicios, acelerar el cobro de G. 207 millones por un servicio de fumigación, reducir una pena por un caso de narcotráfico y finalmente otorgar la libertad a un detenido y a su vez liberar su automóvil que había sido incautado fueron los motivos utilizados por los funcionarios públicos para requerir el supuesto dinero (coima).
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