El exdefensor del Pueblo Manuel Páez Monges, principal sospechoso del pago irregular de casi US$ 1 millón de indemnización a supuestas víctimas, declaró como testigo en vez de ser llamado a prestar una indagatoria. La fiscala Liliana Alcaraz archivó la denuncia de un millonario perjuicio patrimonial a la Defensoría del Pueblo.
La denuncia del pago de indemnizaciones a supuestas víctimas e hijos de presuntas víctimas de la dictadura, con base en documentos adulterados y testigos falsos, salpicó directamente a Páez Monges. En la presentación ante el Ministerio Público, la señora Norma Irene Ferreira Barijho apuntó que pese al dictamen que advertía las falsificaciones, el defensor del Pueblo autorizó millonarios desembolsos.
Pese a que todos los indicios apuntaron a Páez Monges, este fue llamado a declarar como testigo. La fiscala Alcaraz no lo convocó a una indagatoria, que es lo que correspondía en el caso, según fuentes de la Defensoría del Pueblo.
Es más, en la resolución número 2 del 7 de mayo de 2015, mediante la cual la fiscala archivó la denuncia, defendió a Páez Monges. Dijo que el mismo “no causó un déficit al patrimonio del Estado”. Agregó que la obligación del alto funcionario era indemnizar a las víctimas e hijos de víctimas.
Sin embargo, en este caso se tiene que tener en cuenta que los que cobraron en total casi un millón de dólares, lo habrían hecho mediante la producción de documentos no auténticos y la declaración de testigos falsos. Así lo advirtió la Subdirección de Revisión de Documentos y pese a ello, Páez Monges abonó las indemnizaciones.
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