El último informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control, presidida por el ex senador Arnaldo Giuzzio, contradice a su propio informe anterior, al sostener en esta ocasión que no hubo daño patrimonial en las frustradas compras de insumos y equipos médicos para el Ministerio de Salud, cuando antes había afirmado –al igual que la Contraloría–, la existencia de graves irregularidades. La nueva versión tiene un fuerte tufo de intento de blanqueo a empresas vinculadas a miembros del poder. Aunque no haya existido daño patrimonial, ¿quién devuelve a la ciudadanía todo el tiempo perdido en cuarentena esperando que se equipen los hospitales contra el Covid-19? ¿Quién repara la grave lesión al sistema de salud?
Contradictoriamente, tras las fuertes críticas ciudadanas por lo aseverado, el ex fiscal y ex senador Arnaldo Giuzzio, actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien preside la CESC, ayer volvió a dar un viraje en sus declaraciones a la emisora Radio Monumental 1080 AM, afirmando de nuevo que sí hubo una tentativa de estafa y que hasta pueden darse nuevas imputaciones contra quienes resulten involucrados.
Por ello llama la atención el informe que los miembros de la Comisión entregaron en forma pública el lunes, cuando el propio Giuzzio aseguró que no habían hallado pérdidas económicas en los cuestionados procesos de compra de las empresas Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas al llamado clan Ferreira, “porque fueron detectadas a tiempo” y finalmente fueron anuladas, alegando que la suma de más de G. 17.000 millones que se les había entregado como anticipo está en pleno proceso de recuperación en el ámbito legal.
De 44 procesos de compras supervisados, por valor de USD 514 millones, la CESC dio su acuerdo para diez llamados a licitación y cuatro operaciones de compras mediante organismos internacionales. También recomendó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) la rescisión de contratos en algunos casos y la anulación de llamados en otros por la detección de irregularidades o vicios.
Lo llamativo fue la aparente intención de desvincular a las empresas del clan Ferreira, señaladas continuamente como vinculadas a miembros del poder, de toda responsabilidad en los presuntos hechos ilícitos, sobre todo cuando en un anterior informe la propia Comisión que preside Giuzzio había señalado graves irregularidades en la adjudicación de dichas operaciones de compras, coincidiendo con otro informe de la Contraloría, que también sostiene que el proceso estuvo “plagado de irregularidades”.
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