Proveedores de servicios que hostigan a sus clientes con llamadas insistentes, facturación posterior a la cancelación del contrato y presiones para asumir compromisos que no corresponden, pueden enfrentar severas multas económicas y procesos administrativos.
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recuerda que este tipo de prácticas están expresamente prohibidas por la Ley N.º 1334/98, y que su incumplimiento tiene consecuencias.
Un caso reciente ejemplifica lo anterior, una compañía del sector de telecomunicaciones fue sancionada con una multa de 550 jornales mínimos, equivalentes a G. 59.194.850, tras confirmarse que incurrió en métodos abusivos en su relación con una clienta. La empresa en cuestión es Núcleo S.A., conocida comercialmente como Personal.
De acuerdo con la denuncia presentada ante Sedeco, la usuaria decidió dar de baja su plan de internet debido a problemas recurrentes con la calidad del servicio. Sin embargo, tiempo después comenzó a recibir facturas a su nombre, a pesar de haber gestionado correctamente la cancelación.
La situación se agravó cuando representantes de la empresa comenzaron a comunicarse insistentemente con ella, sugiriendo firmar una rescisión contractual que implicaba asumir el saldo de dichas facturas. La consumidora expresó su preocupación por las consecuencias que esto podría acarrear, como una posible inclusión en Informconf, el sistema de registro de antecedentes crediticios más utilizado en Paraguay.
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