Natalicio Chase, presidente de la ESSAP, aseveró que remitirá una consideración al Poder Ejecutivo en la que explicará que esas dos facturas, correspondientes a marzo y abril, no podrán tener cobertura de la aguatera estatal si no hay fondos garantizados desde el Ministerio de Hacienda.
“Nosotros no podemos absorber ni un mes de las facturas si es que no tenemos definidos los recursos, ya que no está previsto en la ley (de emergencia) la fuente de financiamiento”, explicó Chase en contacto con La Unión, indicando que la exoneración configuraría una suma de aproximadamente G. 100.000 millones.
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Además, dijo que, como la ESSAP es una sociedad anónima, se rige por el derecho privado, por lo cual la decisión de exonerar las facturas “destruye su capacidad financiera porque no saca credibilidad en el mercado financiero”. “Nosotros recurrimos a los bancos privados para el desarrollo de las obras, no al Estado. Nosotros no tenemos presupuesto del Parlamento, es netamente privado”, expuso el titular del ente.
En el mismo orden, consideró que sería injusta la exoneración de seis meses, ya que solamente entre marzo y abril se realizaron las lecturas promediadas.
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