El gobierno viola la Ley de la Función Pública y acuerdos internacionales al pasar por alto los concursos de méritos. Por una resolución de la actual directora, Cristina Bogado, se echa mano a la regla de la excepción como norma general para incorporar funcionarios bajo criterio político y no de méritos. Humberto Peralta, exministro de …
El gobierno viola la Ley de la Función Pública y acuerdos internacionales al pasar por alto los concursos de méritos. Por una resolución de la actual directora, Cristina Bogado, se echa mano a la regla de la excepción como norma general para incorporar funcionarios bajo criterio político y no de méritos. Humberto Peralta, exministro de la Función Pública, asegura: “Me atrevería a decir que año a año tendríamos, fácilmente, 7.000 personas”, dependiendo del Presupuesto. La responsable de la Función Pública asume la misma actitud de Arnaldo Samaniego, esperará que explote la crisis para dar la...
ASUNCIÓN.- La actitud que están siguiendo los poderes Ejecutivo y Legislativo para allanar la crítica situación generada por el “salariazo” para 2.123 funcionarios, atenta contra leyes de la Función Pública y acuerdos internacionales de respeto a los procesos de transparencia y anticorrupción.
El panorama se torna aún más grave si se analizan las declaraciones de Humberto Peralta, exdirector general de la oficina de la Función Pública, quien destaca que “se hizo oficial una ley que crea nuevos cargos con financiación permanente. Son 3.700 cargos, si a eso le sumamos los cargos temporales me atrevería a decir que año a año tendríamos el doble de esa cifra, fácilmente 7.000 personas; casi la cantidad de funcionarios públicos que tiene solo la Municipalidad de Asunción”, dijo.
La regla de la excepción, firmada y puesta en vigencia por su sucesora, Cristina Bogado, será regla general y “por ende, esperaríamos que sea al revés, que el concurso sea la excepción, pero tampoco vemos que se hagan concursos”. Apuntó Peralta que vulnera la obligación legal de iniciar un proceso de llamado a concursos públicos de oposición para la incorporación de personas a la función pública en cargos permanentes.
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