La administración tributaria es proclive a traspasar las restricciones legales y en el ejercicio de dictar reglamentos, niega derechos, crea obligaciones o altera conceptos legales, sostienen los contadores en la nota remitida al Gobierno para solicitar la derogación del decreto que modifica las reglas del impuesto a la renta personal (IRP). Mañana vence el plazo para responder.
El Colegio de Contadores del Paraguay, Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y la Asociación de Graduados de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica en la nota que presentaron al Gobierno realiza un análisis de los puntos cuestionados y, en ese contexto, señala los vicios reglamentarios de la administración tributaria.
Los profesionales expresan que la facultad de dictar reglamentos tiene poco margen de discrecionalidad y se encuentra ceñida a la ley, pero que la administración fiscal es proclive a traspasar las restricciones legales y en el ejercicio de dictar reglamentos, fácilmente niega derechos, crea obligaciones nuevas o altera conceptos legales.
“Un método notoriamente vicioso es el de repetir en el reglamento, sin necesidad, las disposiciones de la ley con una nueva redacción, vocablos y hasta conceptos distintos, multiplicándose extraordinariamente de este modo las posibilidades de contradicción entre la ley y el reglamento y, por consiguiente, su inseguridad y litigiosidad”, indica la nota.
A criterio de los gremios de contadores, un reglamento no debe hacer otra cosa que proveer los medios necesarios, fijar trámites y, en todo caso, llenar los vacíos con obligaciones accesorias indispensables para el cumplimiento de las ya establecidas, de ningún modo tocar o alterar el texto, estructura y sentido de la ley.
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