El Pleno del Senado, a pedido de la senadora Lilian Samaniego, aprobó por unanimidad presentar una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra tres camaristas que revocaron la orden de captura del abogado Walter Acosta. La decisión surge tras la cuestionable resolución judicial que benefició a Acosta, quien enfrenta cargos por […]
El Pleno del Senado, a pedido de la senadora Lilian Samaniego, aprobó por unanimidad presentar una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra tres camaristas que revocaron la orden de captura del abogado Walter Acosta. La decisión surge tras la cuestionable resolución judicial que benefició a Acosta, quien enfrenta cargos por agredir físicamente a una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones.
Los camaristas denunciados son Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes componen el tribunal que revisó la medida cautelar dictada contra Walter Acosta. Su decisión de revocar la orden de detención generó una ola de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes la consideraron una clara señal de impunidad y un desprecio hacia la labor de los funcionarios públicos. La senadora Samaniego argumentó que la actuación de los magistrados podría constituir mal desempeño en sus funciones, justificando así la presentación de la denuncia ante el JEM.
El abogado Walter Acosta está siendo procesado por el Ministerio Público tras abofetear a la ingeniera Lourdes Sosa, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). La agresión ocurrió durante una fiscalización rutinaria en una estación de servicio de la firma 3 Fronteras, donde Sosa cumplía con su labor de control de calidad y verificación de cumplimiento de las normativas vigentes. El hecho, ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales, generó indignación y repudio generalizado.
La denuncia busca que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados investigue a fondo la actuación de los camaristas y determine si incurrieron en alguna falta que amerite su destitución o sanción disciplinaria. Ahora, el JEM deberá evaluar la denuncia presentada por el Senado y decidir si existen elementos suficientes para iniciar un proceso de investigación contra los camaristas. De confirmarse irregularidades en su actuación, podrían enfrentar graves consecuencias, incluyendo la separación de sus cargos y la apertura de un proceso penal.
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