El Senado aprobó un proyecto de ley que endurece las penas por robo de energía eléctrica, en especial para criptominería. Sin embargo, se eliminó un artículo que planteaba mayores sanciones a los funcionarios públicos que abusaran de sus cargos para cometer este delito.
El Senado sancionó el proyecto de ley que endurece las penas por el robo de energía eléctrica, en especial cuando este se cometa con fines de criptominería u otras actividades lucrativas. Sin embargo, la versión final aprobada por la Cámara Alta excluyó un artículo del texto original que planteaba una mayor sanción a los funcionarios públicos que se aprovecharan de sus cargos para cometer este delito.
La propuesta, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto, establece penas de hasta 10 años de cárcel por el robo de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con fines comerciales, industriales o de otra actividad lucrativa. Además, se dispone que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) deberá asignar la administración de los equipos incautados a la propia ANDE.
Asimismo, se prevé que las multas o los recursos que provengan de la subasta de los bienes comisados serán depositados en una cuenta corriente a nombre de la empresa estatal.
En la versión aprobada por el Senado, los legisladores habían establecido una sanción carcelaria cuando el autor “realizara la conducta con fines comerciales, industriales o alguna otra actividad lucrativa, abusando de su posición de funcionario o aprovechándose del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición”.
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