La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) aseguró que nunca realizó depósitos de fondos provenientes de bienes incautados en ueno bank. La institución explicó que la entidad bancaria no cumplía inicialmente con la calificación financiera exigida por la normativa y que, posteriormente, quedó inhabilitada debido a un conflicto judicial relacionado con una empresa vinculada al caso A Ultranza Py. De acuerdo con la explicación del asesor jurídico, el conflicto judicial se originó luego de que ueno bank adquiriera Banco Visión, absorbiendo también una demanda contra dicha firma. “A raíz de esa demanda, el banco ueno fue descalificado de todas las colocaciones de dinero incautado”, sostuvo García de Zúñiga.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) aseguró que nunca realizó depósitos de fondos provenientes de bienes incautados en ueno bank. La institución explicó que la entidad bancaria no cumplía inicialmente con la calificación financiera exigida por la normativa y que, posteriormente, quedó inhabilitada debido a un conflicto judicial relacionado con una empresa vinculada al caso A Ultranza Py.
La explicación fue brindada por Gonzalo García de Zúñiga, director general de Asesoría Jurídica de la Senabico, quien detalló que las colocaciones de dinero incautado se encuentran reguladas por el Decreto 4046/2020. Esta normativa establece los requisitos que deben reunir los bancos y financieras para participar en los procesos de administración temporal de esos recursos.
Según García de Zúñiga, uno de los requisitos fundamentales es contar con una calificación de riesgo mínima de AA (doble A). En ese sentido, señaló que durante el año 2024 ueno bank contaba solamente con una calificación A, por lo que no reunía las condiciones necesarias para participar de las colocaciones. Recién durante los años 2025 y 2026 habría alcanzado la categoría exigida.
Sin embargo, cuando la entidad bancaria logró cumplir con ese requisito financiero, surgió un segundo impedimento relacionado con una demanda judicial contra Baracat SRL, empresa vinculada al entorno de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, investigado en el marco del operativo A Ultranza Py.
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