Se debe detener la pandemia de violencia contra las mujeres

Se debe detener la pandemia de violencia contra las mujeres

Los feminicidios en el Paraguay no disminuyen, y se debe asumir que estamos ante una “pandemia ignorada”, como la denomina Naciones Unidas. La situación es una emergencia sanitaria y como tal debe ser contenida. No alcanzan las leyes y las altas penas para los asesinos si el Estado no puede…

Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, llegó a su casa, en Lambaré el domingo temprano en la mañana. En las inmediaciones la esperaba su ex pareja, Osvaldo Zaracho, quien, supuestamente, la habría atropellado varias veces con su vehículo. El atacante también atropelló el vehículo del amigo que había trasladado a la joven a su domicilio. Katia fue arrollada al menos cinco veces y falleció en el hospital. Osvaldo Zaracho, de 21 años, está imputado por presunto feminicidio y se expone a una pena de 30 años de cárcel.

Paraguay cuenta con dos leyes contra la violencia machista y para garantizar el derecho a una vida libre en igualdad, las leyes 1600 y la 5777. Ambas son muy necesarias, sirven para visibilizar los feminicidios y sobre todo para diferenciarlos de otros hechos violentos. Hay avances, pero cuando llega el momento de aplicar el castigo significa que ya es tarde, muy tarde, porque hay una mujer muerta, niños huérfanos y una familia destruida.

En el caso de Katia Brítez, falló el mecanismo de protección de parte del Estado. El supuesto agresor, Osvaldo Zaracho, tenía arresto domiciliario por una causa de violencia familiar contra la misma joven, en febrero había sido imputado por violencia familiar, y con arresto domiciliario. El supuesto asesino de Katia no solo actuó con un alto grado de crueldad sino que, y de acuerdo con el relato de la fiscala del caso, actuó con bastante premeditación, burlando las medidas impuestas por las mismas autoridades.

Este caso remite nuevamente a la aplicación de la ley que establece el uso de dispositivos electrónicos, pulseras o tobilleras, que está en vigencia desde 2017, pero que no ha sido implementada. Las nuevas autoridades aseguran que están trabajando en la reglamentación de esta ley; así como también la reactivación de una Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, integrada por varios ministerios.

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