El presidente Santiago Peña realizó unas declaraciones notables el pasado jueves sobre el proyecto de ley de transparencia de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Santi reconoció que las ONG “son instituciones de alto riesgo, porque también se suelen utilizar para manejo poco transparente de dinero”. Eso, que en sí mismo es un enorme problema, no es, sin embargo, el problema principal que nos plantean las ONG.
El presidente ni de refilón abordó el problema principal: El ingreso de las ONG a la gobernanza de nuestra República, vía “convenios y acuerdos” de esos que firman, por razones nunca explicadas, buena parte de los funcionarios públicos, usurpando los mecanismos democráticos de participación para implementar el plan del Foro Económico Mundial de reemplazar la democracia con el fascismo (gobierno corporativo).
Lamento mucho que Santi pase por alto el manifiesto “Gobernanza 4.0″ del Foro Económico Mundial, que es demasiado esclarecedor al respecto.
Anunció el presidente que “Hemos planteado modificaciones sustanciales al proyecto, hemos mirado la legislación internacional, comparada, la nuestra…” aunque dicho anuncio no especifica qué legislación internacional han usado como referencia, las fascistas de la Unión Europea, o la FARA de Estados Unidos y Canadá. Si la referencia de las modificaciones es la legislación fascista de la Unión Europea, ellas deberían ser rechazadas por la Cámara de Diputados, aunque le duela al presidente.
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