A menos de una semana de haber pronunciado su discurso en el acto inaugural de la Expo, en la que calificó de "heroica" la iniciativa privada en Paraguay, Santiago Peña protagonizó una fricción con los empresarios. Si bien las medidas fueron tomadas ya a fines de junio, en los últimos días saltaron las fichas de los importadores de combustible y las criptomineras legales.
Con estas últimas, el malestar empezó con una sorpresiva medida de la ANDE, que elevó unilateralmente los precios de la energía a las industrias electrointensivas entre un 9% y un 16%, con el argumento que la tarifa acordada con Itaipú pasó de USD 16,8 a USD 19,3 por kilowatt/mes, lo que significó un aumento de USD 8 dólares para las criptomineras y de USD 5 para las que utilizan alta tensión.
Este argumento fue atacado no solo por los representantes del sector, sino también por legisladores como el senador Líder Amarilla, que calificó a la decisión del gobierno como de "mala fe" porque el costo de la energía en realidad había bajado. Desde la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales apoyaron esta tesis al señalar que cuando la ANDE les fijó la tarifa en 2022 el precio de la energía de Itaipú estaba en USD 20, 755 por kilowatt/mes.
Peña dijo que el aumento de la tarifa solo disminuiría el margen de beneficios de algunas de las criptomineras, que este sector no genera empleo y que la ANDE no requiere el consentimiento para elevar el precio de la energía
La cuestión subió todavía más de tono luego de que Peña dijera ayer jueves que esta medida solo disminuiría el margen de beneficios de algunas de las empresas, pero que no creía que vaya a desalentar el negocio de la criptominería. Incluso sostuvo que este sector no genera empleo y que, por contrato, la ANDE no requiere el consentimiento de sus clientes para elevar los precios.
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