Jueces, fiscales y legisladores advirtieron que es una norma innecesaria, ya que existen herramientas para combatir la superpoblación de las penitenciarías, además del riesgo de causar un desorden jurídico y hasta dejar en libertad a delincuentes peligrosos y aquellos condenados y procesados por daños patrimoniales.
Las bancadas coloradas (Añetete y HC) y gran parte de liberales ya tenían la decisión de aprobar la propuesta. Incluso tras el dictamen de Asuntos Constitucionales por la postergación, el diputado de Honor Colorado Basilio Núñez manifestó su oposición y pidió que sea tratado en el día, secundado por el diputado de Colorado Añetete Colym Soroka.
La diputada del Encuentro Nacional Kattya González advirtió sobre la posibilidad de un caos jurídico y recordó la preocupación por parte de organismos jurisdiccionales. Es el caso de la jueza de Ejecución Penal Silvana Luraghi, quien cuestionó que el proyecto esté dirigido a muy pocos presos, como el caso de robo patrimonial.
González destacó que la ley prevé que no salgan en libertad personas que cometieron hechos violentos; sin embargo, no se tienen en cuenta los casos de corrupción ni la protección del bien público.
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