La población ha experimentado grandes transformaciones sociodemográficas desde hace décadas, lo que se ha reflejado en mayores demandas sociales y la consecuente necesidad de generar ofertas para tratar de responderlas. Se puede afirmar que el modelo de gestión de políticas públicas diseñadas e implementadas hace al menos 50 años sigue en pie, lo cual no es negativo en sí mismo, sino que el conjunto de transformaciones estructurales de la población y la economía exigen rever y reformular esquemas en educación y en salud.
En esta entrega solo serán abordados dos temas cruciales de las políticas públicas, pero que son determinantes en el desarrollo del capital humano y, por consiguiente, en el proceso económico del país, como lo son la salud y la educación.
En el caso del sector privado ha sabido adaptarse a los cambios y tratado de acompañar el proceso, principalmente, en materia social y económica mediante las crecientes inversiones y la generación de empleo. Sin embargo, el sector público ha quedado a destiempo en sus intervenciones, especialmente en brindar servicios de calidad que la población demanda, pese a los avances registrados.
Sin embargo la provisión de estos servicios a la sociedad constituye el mayor compromiso que el Estado debe enfrentar y responder, lo que se ve reflejado en el Presupuesto General de la Nación, donde un alto porcentaje de los recursos obtenidos, ya sea a través de la recaudación de impuestos o fuentes especiales como el Fonacide, son destinados a los proyectos, programas y otros componentes del gasto como salarios de los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y de Educación y Ciencias (MEC).
El Plan de Gastos de la Nación de este año asciende a aproximadamente US$ 13.427 millones. De este total, unos US$ 1.300 millones de recursos están presupuestados para que sean canalizados al MEC y alrededor de US$ 800 millones a la cartera de salud. Los últimos datos oficiales muestran que la ejecución está por alcanzar el 50%.
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