El Ministerio de Salud actualmente está tramitando 24 amparos judiciales iniciados por familiares de pacientes con COVID-19 que no consiguen terapia intensiva en el sistema público o ya están en sanatorios privados y piden que el Estado corra con los gastos. El director de asuntos judiciales, Omar Valdez, contó que pueden llegar a gastar hasta G. 13 millones por día en cada cama de UTI y tienen 90 que son parte del convenio público-privado.
Salud enfrenta una veintena de amparos constitucionales de pacientes con covid
El abogado Omar Valdez explicó que la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud recibió ya 31 amparos judiciales relacionados a la falta de camas de terapia intensiva pero solo 24 están en curso. Dijo que el resto fue excluido porque ya se consiguieron lugares en el sistema público o unos pocos porque ya fallecieron.
Sobre los 24 pedidos en curso, aseguró que la mayoría no son de personas que necesitan terapia intensiva sino que son pedidos realizados por familiares cuyos pacientes ya están internados en sanatorios privados y piden que Salud corra con los millonarios gastos.
“Se debe analizar cada caso, si están en un sanatorio con el que se tiene un convenio de cooperación firmado por el Ministerio de Salud para la prestación de servicios en internación y camas en terapia intensiva en sanatorios privados”, añadió teniendo en cuenta que solo 13 son los sanatorios que tienen convenio con Salud.
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