El camarista José Agustín Fernández fue confirmado como miembro del Tribunal de Apelación Penal que debe estudiar la apelación presentada en contra de la absolución del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo. Además, la Corte Suprema de Justicia ordenó auditar el expediente, atendiendo la excesiva demora para resolver el recurso planteado por la fiscalía, que pide un nuevo juicio oral para los acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por egresos no justificados de más G. 10.000 millones.
La apelación presentada en enero de 2024 por las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, en contra del fallo que absolvió de culpa y pena al ex fiscal general del Estado y su esposa, María Selva Morínigo; estará a cargo del Tribunal de Apelación Penal, 2ª Sala, de la Capital integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández.
Así resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo; hizo lugar a la impugnación planteada por el camarista Arnulfo Arias y confirmó al magistrado José Agustín Fernández en el tribunal de alzada para analizar el recurso planteado contra la Sentencia Definitiva N° 599 de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez.
Fernández se había apartado de la presente causa el 31 de marzo de 2025, alegando que siempre cuestionó el “ilegal e inconducente” allanamiento realizado por la Fiscalía en su despacho, cuando Díaz Verón era titular del Ministerio Público, en el marco de un proceso vinculado a un funcionario del tribunal de alzada que integra el camarista.
En su impugnación el magistrado Arnulfo Arias calificó los argumentos de Fernández como “una excusa para desentenderse de la obligación que le corresponde de entender en la causa”, e indicó que incluso, el magistrado ya emitió su voto sobre la apelación interpuesta, y su inhibición -sobreviniente a más de doce meses de tener el expediente en su poder- sostenida en motivos vacíos de credibilidad, ilustran la voluntad de desentenderse de su responsabilidad.
Leer la nota completa en Diario ABC
