La reciente sanción del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) por parte de la Cámara de Diputados ha puesto en alerta a vastos sectores del país, especialmente a las organizaciones campesinas e indígenas que ven en esta normativa una grave amenaza para la justicia agraria. Ahora, el destino de este controvertido […]
La reciente sanción del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) por parte de la Cámara de Diputados ha puesto en alerta a vastos sectores del país, especialmente a las organizaciones campesinas e indígenas que ven en esta normativa una grave amenaza para la justicia agraria. Ahora, el destino de este controvertido proyecto está en manos del Poder Ejecutivo, cuya decisión definirá si Paraguay avanza hacia una solución real de los problemas de tierra o, por el contrario, perpetúa un modelo de concentración desigual que ha marcado la historia del campo.
El RUN, según sus defensores, pretende modernizar y centralizar las funciones catastrales del país, fusionando la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia. Argumentan que esta centralización solucionará problemas como la superposición de tierras y la excesiva burocracia que impide un manejo eficiente del catastro nacional. Sin embargo, detrás de esta promesa de modernización se oculta una realidad mucho más sombría: la desaparición del Instituto...
La absorción del INDERT no es un simple ajuste burocrático. Esta institución, aunque imperfecta, ha sido clave en la lucha por el acceso a la tierra para campesinos e indígenas. Su eliminación equivale a sepultar la posibilidad de implementar una verdadera reforma agraria en Paraguay, un país donde la concentración de tierras sigue siendo una de las más altas del continente. Es más, los críticos denuncian que el RUN busca, en realidad, legalizar tierras malhabidas, beneficiando a grandes terratenientes y empresarios con nexos políticos.
Detrás del impulso a esta ley aparecen intereses oscuros que responden a un esquema de poder bien definido. La administración del INDERT, encabezada por Francisco Ruiz Díaz, ha sido cuestionada por su inacción y presunta complicidad para debilitar la institución desde adentro. No es casualidad que sectores vinculados al Cartismo y al poder económico sean los principales promotores de este proyecto. La centralización del catastro bajo el control de la Corte Suprema de Justicia, una institución que también carga con acusaciones de manejos irregulares, genera fundados temores sobre el uso...
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