El direccionamiento de las licitaciones y la eliminación de las mejores ofertas se volvió una constante en el MOPC. La modificación del proyecto ejecutivo, el recorte de obras, la inclusión de tareas no previstas durante la construcción y el incumplimiento de los plazos contractuales son moneda corriente.
Todo programa de obras públicas para ampliar y mejorar la infraestructura vial y de servicios del país es bienvenido. Sin embargo, lo cuestionable de la actual gestión del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones (MOPC), según se observa en importantes obras viales, son las correcciones y modificaciones que se introducen al proyecto ejecutivo que sirvió de base para el llamado a licitación, después de adjudicados los trabajos a espaldas de los demás oferentes, en gran parte debido a estudios incompletos que terminan por incrementar el costo final de las obras.
Se trata de un “modus operandi” que, por lo general, termina por beneficiar a la élite vialera arraigada en el Ministerio con capacidad de decisión. Las maniobras que terminan por elevar el costo total de la obra incluyen el direccionamiento de las licitaciones, la eliminación de las mejores ofertas y, durante la construcción, la búsqueda de economía en detrimento de la obra, como el recorte o limitación de tareas, las cuales después licitan por separado para no exceder el tope del 20% de aumento de precio, máximo establecido por la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, aunque si sumamos...
Ejemplos icónicos Ruta 3 M.R. Alonso-Limpio (en ejecución). Se agregaron dos retornos aporticados y se modificó el trazado del pluvioducto Limpio -arroyo Damián a un costo de unos US$ 3.500.000. No se completaron la iluminación, 8 pasos peatonales, la rotonda de acceso a Limpio y las dársenas y refugio para pasajeros del transporte público, que se harán –según dijo el ministro Ramón Jiménez Gaona– en su momento, en un llamado independiente.
Autopista Ñu Guasu. No se previó alcantarillado sanitario del primer tramo. Se eliminaron la iluminación, la estructura para el rulo de retorno sur-este, el acceso al Comité Olímpico, y se cortó un kilómetro de autopista del primer tramo (a sumar al tramo Luque-San Bernardino). En cambio, se agregó el viaducto para la caballería a un costo aproximado de US$ 3.000.000.
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