La pandemia está siendo aprovechada por el oportunismo político para hacer reformas de dudosa calidad institucional y sin suficientes argumentos técnicos que aseguren la pertinencia de las soluciones. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo debieran impulsar cambios que afecten la vida de las personas y el futuro de las instituciones en un momento crítico como este, en el que no se garantizan un adecuado análisis ni el debate. Cualquier cambio importante debe estar acompañado de documentos técnicos serios y a disposición de la ciudadanía para garantizar la transparencia y la defensa de los bienes públicos o comunes.
El resultado final es el beneficio de unos pocos, mientras que la mayoría permanece excluida, generando la sensación de que la acción gubernamental sirve solo para los grupos poderosos, tal como lo capta la encuesta de Latinobarómetro. El 88% de los encuestados opinan que se gobierna “para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio” y solo el 24% está satisfecho con la democracia. Estas percepciones ponen en riesgo no solo la gobernabilidad política sino también la estabilidad económica.
En segundo lugar, la histórica tradición de aprobar normas con el objetivo de cumplir con compromisos internacionales o demandas ciudadanas pero sin el sustento técnico ni financiero. Al final, la normativa termina siendo inaplicable porque no se consideraron suficientemente los contextos políticos, institucionales o culturales o porque se aprobó sin fuente de financiamiento con lo cual su implementación termina perjudicando otros sectores igualmente necesitados, ya que se sacan recursos utilizados de un sector para dárselos a otro, en un juego de suma cero donde para que unos ganen otros...
En tercer lugar, el diseño y la implementación de políticas públicas sustentadas en prejuicios o ideas preconcebidas, lejos de lo que en realidad ocurre o de lo que señalan las evaluaciones y la evidencia empírica tanto en el país como fuera. Ideas como “un país barato en impuestos y trabajo atrae inversión” u “obras públicas para generar empleo” no tienen sustento en la evidencia empírica internacional ni existen evaluaciones nacionales que aseguren los resultados esperados. Al contrario, los datos muestran que la atracción de inversiones no depende de los impuestos bajos sino de la...
Los mismos políticos que exigen seriedad en la gestión pública son, en muchos casos, quienes impulsan propuestas con soluciones rápidas, sin el adecuado sustento técnico y ni el debate necesario para garantizar el consenso.
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