Hemos de justipreciar aquello advertido por el sistema (internacional), en cuanto a la necesidad de reglamentar los lineamientos (clave) dentro de la esfera económica digital, y que se reconoce bajo el fenómeno ligado al ámbito transaccional por vía de criptoactivos. En tal efecto, tenemos como base “comparada” a la significativa disposición europea, que trasciende como “Reglamento MiCA (UE) 2023/1114” (marco jurídico integral de la Unión Europea).
Sin duda, el ámbito de aplicación del MiCA (UE) se concentra en los agentes emisores de criptoactivos, proveedores de servicios de criptos, y en lo que determinan las diversas “operaciones” con tokens, que no se encuentren regulados; entiéndase como aquellos que no son instrumentos financieros “reconocidos” tradicionalmente. Así, el reglamento en cuestión constituye la observación inmediata de que los términos “criptoactivos” y la “tecnología de registro distribuido” deben definirse de la manera más amplia posible, a fin de abarcar todos los tipos de criptoactivos que se perciben en materia...
Empero, se indica que no regula NFTs (Tokens No Fungibles) ni los tokens puramente descentralizados, cuestión que aun conlleva un reparo por parte de los órganos de control. Por otro lado, se puede referir en base a una tipología de criptoactivos, que, si se encuentra regulado en el parámetro dispositivo europeo, como ocupa el caso del Utility tokens, que formula acceso a bienes o servicios, o el Asset-referenced tokens (ARTs), que establece “pautas” sobre diversas monedas fiduciarias, materias primas u otros activos. Por último, se puede indicar el E-money tokens (EMTs), que da cuenta de...
En tal contexto, logramos enunciar (ciertos) vértices para los emisores y CASPs (proveedores de servicios de criptoactivos), en razón a la “autorización” obligatoria por parte de cada autoridad nacional (competente). Así también, el deber de un libro blanco o whitepaper para describir el proyecto, los riesgos, los derechos del usuario; y fundamentalmente, la “tecnología” a ser utilizada.
Entonces, la determinación lógica de lo antedicho nos genera un “valor” de supervisión ante la cooperación de diversas autoridades de valores. Ahora bien, en el margen sancionatorio se involucra al derecho penal para inferir en que el MiCA no ocupa un cuerpo penal; no obstante, el incumplimiento de las directrices puede generar la enunciada responsabilidad penal, como en los casos en los que se concatenan los injustos como el fraude, la estafa, el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.
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