En el marco de la ley de Alianza Público-Privada (APP), el 14 de marzo pasado el MOPC firmó contrato con el consorcio “Rutas del Este”, liderado por la empresa española Sacyr e integrada por la portuguesa Mota-Engil y la paraguaya Ocho A, para duplicar los carriles de tramos de las Rutas 2 y 7, con variantes de circunvalación de Ypacaraí, Caacupé y Coronel Oviedo. A primera vista, el contrato es relevante, pues va a agilizar el tráfico por dichas rutas. Sin embargo, la experiencia de este tipo de asociación público-privada enderezada a la construcción de infraestructuras que necesitan los países en desarrollo, tiene riesgos que deben ser prevenidos. En particular, lo referente a costos, habida cuenta de que empresa privada y Gobierno son necesaria y propiamente diferentes. Con gobernantes inescrupulosos, como es el caso de Paraguay, la cosa empeora, pues menudean los funcionarios corruptos, concusionarios siempre dispuestos a rifar los intereses públicos confiados a su cargo a cambio de coimas por parte de empresarios privados corruptores. Además, la empresa Sacyr tiene antecedentes de incumplimiento de contratos de construcción y de gestión de infraestructuras en diferentes países. La ciudadanía debe tener los ojos bien abiertos y hacer oír su voz a tiempo para no verse sorprendida, una vez más, por la angurria de funcionarios y empresarios cortesanos, corruptos y corruptores.
En el marco de la Ley 5102/13 de Alianza Público-Privada (APP), y a un costo estimado de US$ 527 millones, el 14 de marzo del corriente año el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó contrato con el consorcio “Rutas del Este”, liderado por la empresa española Sacyr e integrado por la portuguesa Mota-Engil y la paraguaya Ocho A, con el objeto de duplicar los carriles de circulación vehicular de tramos de las Rutas 2 y 7, con variantes de circunvalación en las ciudades de Ypacaraí, Caacupé y Coronel Oviedo, con la finalidad de agilizar el tráfico, eliminando los cuellos de...
El contrato de referencia fue firmado por el ministro Ramón Jiménez Gaona en representación del Estado paraguayo, y por los señores Fernando Antonio del Campo García, por Sacyr SA; Luis Alberto Pettengill, por Ocho A, y Vitor Manuel Gomes, por Mota-Engil, en representación del consorcio adjudicatario. El acuerdo es por 30 años y, por el mismo, el consorcio asume la responsabilidad del diseño, la financiación, la construcción, el mantenimiento y la operación de las obras e instalaciones que integran los tramos de rutas concesionados, con la excepción del tramo San Lorenzo-Ypacaraí. El...
A primera vista, el contrato de Participación Público-Privado (PPP) –como se denomina contractualmente el acuerdo– es relevante, pues mediante el mismo se va a duplicar la capacidad de tráfico de las Rutas 2 y 7 que unen la capital con Ciudad del Este, ya insuficiente en la actualidad. Junto con la ampliación, las variantes de circunvalación de ciudades, instalaciones de peaje y básculas de control de peso de vehículos, sumadas a una buena señalización horizontal y vertical, aumentarán la seguridad del tránsito y la velocidad de la circulación.
Sin embargo, la experiencia de este tipo de asociación público-privada enderezada a la construcción de infraestructuras que necesitan los países en desarrollo para impulsar su crecimiento económico tiene riesgos que deben ser prevenidos. En particular, lo concerniente a costos, habida cuenta de que empresa privada y Gobierno son necesaria y propiamente diferentes. Los negocios funcionan alrededor de un principio organizador predominante: el lucro. En cambio, en un país serio, el Gobierno tiene que lidiar con un vasto número de objetivos igualmente legítimos y a menudo potencialmente...
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