<p>Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevencion contra la tortura y los malos tratos, ademas de analizar el acceso a la justicia penal desde enfoques diferenciados, se realizo este martes 17 de marzo una reunion interinstitucional con representantes de la Asociacion para la Prevencion de la Tortura (APT). Este encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial de la APT a la Republica del Paraguay y fue coordinado por la secretaria ejecutiva de la Oficina Tecnica Penal, la Dra. Silvana Raquel Luraghi Sarubbi.</p>
Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención contra la tortura y los malos tratos, además de analizar el acceso a la justicia penal desde enfoques diferenciados, se realizó este martes 17 de marzo una reunión interinstitucional con representantes de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT). Este encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial de la APT a la República del Paraguay y fue coordinado por la secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal, la Dra. Silvana Raquel Luraghi Sarubbi.
Participaron del encuentro, en representación del Poder Judicial, las magistradas de la Circunscripción Judicial de la Capital de las etapas de Garantías, Sentencia y Ejecución Penal: Alicia Pedrozo Berni (Garantías), Lourdes Garcete (Sentencia) y María Lidia Wyder (Ejecución Penal), mientras que por parte de la APT participaron Sara Vera, asesora para América Latina, Sonia Von Lepel y Orlando Castillo.
En la ocasión, Sara Vera expuso sobre el proyecto impulsado por la APT, detallando el propósito de su visita al país, con el objetivo de conocer la situación del sistema penitenciario paraguayo y evaluar posibles áreas de cooperación y asistencia técnica que la organización pudiera brindar en materia de prevención de la tortura y fortalecimiento institucional.
Asimismo, destacó la experiencia de la APT en el trabajo conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), así como el desarrollo de herramientas y guías prácticas elaboradas a partir de procesos de cooperación con jueces de ejecución penal de América Latina, orientadas a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
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