Retorcido pretexto para proteger la corrupción - Edicion Impresa - ABC Color

El juez Rubén Riquelme prestó un buen servicio a la ciudadanía al hacer lugar a un recurso de amparo interpuesto por el periodista Juan Carlos Lezcano, ante la negativa de la Contraloría General a entregarle una copia de las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por una serie de personas que ejercen una función pública. La Constitución y las leyes pueden tener disposiciones sensatas, pero enseguida nuestros magistrados, jueces y fiscales buscarán el modo de “interpretarlas”, no precisamente para empoderar a la ciudadanía, sino para mantenerla apartada, lo más lejos posible, de cuanto tenga que ver con el enriquecimiento de los funcionarios públicos mientras manejan el dinero de todos. El juez Rubén Riquelme prestó un buen servicio a la ciudadanía al hacer lugar a un recurso de amparo interpuesto por el periodista Juan Carlos Lezcano, ante la negativa de la Contraloría General de la República a entregarle una copia de las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por una serie de personas que ejercen una función pública. 22 de la misma ley, según el cual “la información pública reservada es aquella que ha sido o sea calificada o determinada como tal en forma expresa por la ley”. Como se ve, la Constitución y las leyes pueden tener disposiciones sensatas, pero enseguida nuestros magistrados, jueces y fiscales buscarán el modo de “interpretarlas”, no precisamente para empoderar a la ciudadanía, sino para mantenerla apartada, lo más lejos posible, de cuanto tenga que ver con el enriquecimiento de los funcionarios públicos mientras manejan el dinero de todos. En consecuencia, transparentar las cuentas públicas y el origen de los bienes de quienes reciben remuneración del Estado no depende de la Constitución, sino de las condiciones morales de quienes integran la administración de Justicia, muchos de ellos tan delincuentes como quienes deben ser perseguidos por el brazo de la ley. ...[Leer más]