El juez en lo civil y comercial del 8° turno, Walter Mendoza, resolverá esta semana sobre el pedido de declaración de nulidad y revocatoria de una sentencia de regulación de honorarios profesionales por unos G. 2.702.700.000, más otros G. 270.000.000 para gastos de justicia.
Es para el pago de honorarios del cuestionado abogado de la Sindicatura de Quiebras del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) Hugo Villalba Ocampos, quien ya habría regulado unos G. 18.000 millones, según indican.
Pedro Lobo y Pedro Benítez Aldana, abogados de los sindicatos que reclamaban la devolución de aportes de los trabajadores que se encontraban en el BNT, argumentan que en el juicio no se determinó el monto que se reclamaba en la demanda. Indican que la Corte Suprema así lo entendió y que por eso, por Resolución N° 568 del 9 de mayo de 2007, ordenó diferir el pago de tasas judiciales, que se debe realizar sobre el monto que se reclama.
De igual manera, los abogados sostienen que no corresponde la regulación porque está expresamente prohibida por la Ley N° 2796/2005, “Que reglamenta el pago de honorarios a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia de entes públicos”.
Asimismo, se funda en que la Ley de Quiebras solo prevé la regulación de honorarios cuando se obtenga un beneficio económico para la parte que representa.
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