El juez Humberto Otazú decretó como medida preventiva la inhibición general de enajenar y gravar bienes de muebles e inmuebles pertenecientes a los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y el funcionario de la firma contratista Compañía de Ingeniería Metal Eléctrica SRL (CIME SRL), imputados por asociación criminal, reducción y apropiación. Estos habrían […]
El juez Humberto Otazú decretó como medida preventiva la inhibición general de enajenar y gravar bienes de muebles e inmuebles pertenecientes a los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y el funcionario de la firma contratista Compañía de Ingeniería Metal Eléctrica SRL (CIME SRL), imputados por asociación criminal, reducción y apropiación. Estos habrían participado de un esquema de robo de 334.213 metros lineales de cables. con la finalidad de extraer el cobre de los conductos eléctricos.
Dichas medidas fueron impuestas sobre .Ronie Pastor Rodríguez Aquino, .Gerardo Javier Samudio Benítez,; Edgar Ismael Báez González, Fernando Cesar Giménez Morel, Egidio Javier Bordón Díaz, .Juan Gabriel Gozález Benítez, Francisco Ariel Ocampo y Julio Javier Lovera Caballero.
Esto ante la necesidad de asegurar el sometimiento y el resultado que pueda ocurrir en el proceso, teniendo en consideración que estas medidas son de carácter provisional, bajo el criterio de provisionalidad que constituye una de las características peculiares de las medidas cautelares su provisionalidad, es decir, su vigencia es transitoria en razón de que dependen del proceso principal al cual sirven de garantía”
Al analizar el pedido de aplicación de la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes solicitada por el Ministerio Público, conforme los alcances del art. 260 del C.P.P. entendemos que la misma procede al no tener detallado en el Acta de Imputación, los bienes con que cuentan los encausados o un monto determinado. A raíz de estas circunstancias la figura de carácter real a ser aplicada es la precitada enel art. 718 de C.P.C. Así como, teniendo en cuenta que, el Ministerio Público presume que los imputados le habrían ocasionado un perjuicio económico elevado a la ANDE,...
Leer la nota completa en El Observador
