Guido Rodríguez Alcalá
Digo presunta porque, aunque en la versión oficial es un extenso bosque, cuya protección corre por cuenta del Estado, no vi ningún guardabosque para protegerla y, lo que es peor, tampoco vi el bosque. Lo que hay allí, hasta el alambrado, es una formidable plantación de soja.
Según me dijeron en el lugar, el sojal pertenece a un ciudadano brasileño, que lo cultivaba antes de la matanza del 15 de junio de 2012 y la ha seguido cultivando desde entonces, pagándole un alquiler por la tierra utilizada a la empresa Campos Morombí, que se ha comportado como si hubiera sido el propietario del terreno.
Ni lo he podido corroborar ni estoy obligado a hacerlo; la que tiene la obligación legal es la Fiscalía porque –según el inciso 2 del artículo 268 de la Constitución– no le costaría mucho ver qué pasa en el lugar utilizando la fotografía satelital de Google Earth, que nos muestra con excelente resolución qué hay en ese terreno.
La propiedad del terreno, por otra parte, nos lleva a la cuestión prejudicial, o sea al asunto que, "con carácter previo, debe resolverse por una jurisdicción distinta o por la propia que está conociendo de un proceso" (Diccionario de la Real Academia Española).
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