La reforma del transporte público en Paraguay genera tensiones entre gremios y usuarios tras su aprobación en el Senado.
La reforma del transporte público volvió al centro del debate nacional tras la media sanción otorgada por la Cámara de Senadores al proyecto de ley que busca transformar el sistema. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y modificada en el Congreso, incorpora 22 cambios al texto original, pero abre un escenario de tensiones que involucra a usuarios, trabajadores y operadores.
Durante la sesión extraordinaria del martes, los senadores aprobaron, entre otros puntos, la obligación de garantizar un servicio de 24 horas en el área metropolitana, así como un aumento en las multas por infracciones, que pasarán de un jornal mínimo a 200 jornales. También se dispuso que los nuevos operadores deberán incorporar a choferes con al menos dos años de antigüedad en las líneas reemplazadas, aunque con la posibilidad de evaluarlos bajo criterios de “idoneidad”.
Este último punto desató la polémica. Gerardo Giménez, titular de los trabajadores del transporte, advirtió que la ley suele quedar en el papel y no se cumple en la práctica. “No hay una garantía jurídica real de que los choferes no queden en la calle”, expresó, al recordar que el Gobierno incumplió acuerdos previos, como la instalación de una mesa de trabajo. Denunció además que los trabajadores fueron “marginados y discriminados” en el proceso de discusión.
En la misma línea crítica, Mauricio Maluff, dirigente de Opama, reconoció avances parciales, como el servicio de 24 horas y el aumento de sanciones, pero insistió en que el texto mantiene serias debilidades. Una de ellas es la limitación al derecho de huelga, ya que obliga a mantener en operación el 70 % de la flota en horas pico y el 60 % en horarios normales. “Eso restringe la capacidad de los trabajadores de defender sus derechos”, afirmó.
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