La reciente promulgación de la ley de reforma del transporte público de pasajeros volvió a encender el debate sobre el rumbo del sistema que opera en el área metropolitana.
Si bien desde el Ejecutivo se presentó la normativa como un avance estructural, voces técnicas advierten que sus efectos reales tardarán años en sentirse y que, por ahora, los cambios se concentran más en el plano administrativo que en la experiencia cotidiana de los pasajeros.
El arquitecto y urbanista Fernando Maidana, especialista en transporte público, sostuvo que la nueva ley no ofrece soluciones concretas a corto plazo para problemas persistentes como la sobrecarga de pasajeros, las reguladas o la mala frecuencia de los buses. Según explicó, estas falencias ya pueden ser detectadas con herramientas existentes, como el sistema de billetaje electrónico, sin necesidad de una nueva normativa.
A criterio del experto, el texto legal se enfoca principalmente en reorganizar procesos internos, como los mecanismos de licitación y la creación de un fideicomiso para concentrar los ingresos del sistema en una sola cuenta, pero no introduce medidas que impacten de manera directa e inmediata en la calidad del servicio. En ese sentido, remarcó que el proceso de reestructuración que deberá encarar el Viceministerio de Transporte podría extenderse por uno o dos años antes de mostrar algún resultado tangible.
Maidana también cuestionó la forma en que el proyecto fue presentado a la opinión pública, señalando que el discurso oficial sobredimensiona los alcances de la reforma. A su entender, hay un fuerte componente de comunicación política que no se condice con el contenido real de la ley, con la excepción de iniciativas puntuales como la incorporación de servicios nocturnos, que considera uno de los pocos aspectos positivos.
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