El 2 de septiembre de 2024, los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron
La orden de aprehensión se basa en varios supuestos delitos, que los gobiernos firmantes consideran un intento de silenciar a un líder de la oposición y de desconocer la voluntad popular. Este acto es calificado como un claro ejemplo de persecución política en un país donde la separación de poderes y las garantías judiciales son prácticamente inexistentes.
Los firmantes del comunicado también condenan las prácticas dictatoriales en Venezuela, subrayando la prevalencia de detenciones arbitrarias y la falta de un sistema judicial justo. En este contexto, los gobiernos expresan su firme compromiso de exigir a las autoridades venezolanas el respeto por la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia.
La comunidad internacional se mantiene atenta a la situación en Venezuela y reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano, instando a la restauración de la democracia y los derechos humanos en el país.
Leer la nota completa en Red Chaqueña
