El juez Rodney Gustavo Ovelar rechazó cambiar la calificación de la imputación de Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia que habría vendido medicamentos abortivos al adolescente imputado por el crimen de María Fernanda Benítez, que ocurrió en Coronel Oviedo. La defensa pidió que se revea la calificación de tentativa de aborto, alegando que […]
El juez Rodney Gustavo Ovelar rechazó cambiar la calificación de la imputación de Franco Antonio Acosta Céspedes, dueño de la farmacia que habría vendido medicamentos abortivos al adolescente imputado por el crimen de María Fernanda Benítez, que ocurrió en Coronel Oviedo. La defensa pidió que se revea la calificación de tentativa de aborto, alegando que no tuvo participación en el hecho.
La defensa técnica había solicitado la revisión de la calificación legal alegando que, conforme a los informes de geolocalización celular incluidos en el expediente, el imputado no se encontraba en el lugar del crimen ni en fechas cercanas a su comisión, añadiendo además que no habría tenido participación directa en el hecho investigado.
Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva se opusieron firmemente al pedido. En su dictamen, la fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete recordó que la imputación fue formulada con base en elementos de sospecha recabados durante la etapa preliminar y que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa, por lo que la calificación jurídica es provisional y podrá modificarse si surgen nuevos elementos de convicción.
La querella, por su parte, argumentó que la participación de Acosta Céspedes surgía de la extracción de mensajes desde el teléfono celular del principal sospechoso del feminicidio, Bernardo Silva Villar, con quien habría mantenido comunicaciones relacionadas a la supuesta compra de un medicamento cuya comercialización está prohibida y que se vincularía con la intención inicial de interrumpir el embarazo de la víctima, la adolescente María Fernanda.
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