CIUDAD DEL ESTE.- El Ministerio de Justicia realizó la primera audiencia a través de videoconferencia, fue desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde dos personas privadas de libertad (PPL) tuvieron una audiencia preliminar. La implementación fue posible tras la gestión interinstitucional del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos y la viceministra de Política …
CIUDAD DEL ESTE.- El Ministerio de Justicia realizó la primera audiencia a través de videoconferencia, fue desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde dos personas privadas de libertad (PPL) tuvieron una audiencia preliminar. La implementación fue posible tras la gestión interinstitucional del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos y la viceministra de Política Criminal, Alejandra Peralta, la iniciativa permitirá optimizar recursos humanos, la seguridad y el tiempo que implica el traslado de internos para comparecencias.
El ministro de Justicia, Julio Javier Ríos resaltó la importancia del uso de la tecnología dentro del sistema penitenciario a fin de prevenir algún eventual rescate o fuga. “Con la reciente presentación del SIPPy decidimos apostar a la tecnología, es por eso que ahora realizamos la primera videoconferencia dentro del Penal de Ciudad del Este. Estamos convencidos que esto va ser de gran ayuda al sistema”, sostuvo.
El secretario de Estado destacó y valoró la predisposición de la Corte Suprema de Justicia para la implementación del uso de tecnologías en la realización de audiencias. Asimismo, agradeció la cooperación de la jueza Penal de Garantías Nro. 5 de CDE Cinthya Garcete, del agente fiscal Adolfo Santander, y de la defensora Pública Nilda López, en esta primera audiencia donde también participó el presidente de la circunscripción judicial de Alto Paraná, Dr. Isidro González.
La viceministra Peralta, calificó al hecho como un momento histórico para la justicia paraguaya, pues ayudará a garantizar que se lleven adelante las audiencias y agilizar el proceso; ahorrar anualmente como mínimo más de US$ 1 millón al evitar el desembolso de dinero necesario para los traslados de las PPL a otras ciudades del país; y fortalecerá la seguridad interna de las penitenciarias.
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