El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, confirmó parcialmente la medida cautelar dictada en el marco del amparo constitucional promovido por las empresas Frigomerc S.A. y Beef Paraguay S.A. contra la Municipalidad de Asunción. La decisión ratifica la orden al municipio para que se abstenga de aplicar la Ordenanza Municipal Nº 197/25 mientras […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, confirmó parcialmente la medida cautelar dictada en el marco del amparo constitucional promovido por las empresas Frigomerc S.A. y Beef Paraguay S.A. contra la Municipalidad de Asunción. La decisión ratifica la orden al municipio para que se abstenga de aplicar la Ordenanza Municipal Nº 197/25 mientras se sustancia el proceso, aunque introduce ajustes en materia de contracautela exigida a las firmas.
La causa se originó luego de que el Juzgado a cargo del juez Humberto Otazú, dispusiera como medida de urgencia la suspensión temporal de la ordenanza municipal que regula el tránsito de ganado en pie y actividades vinculadas. Según la resolución inicial, la Municipalidad debía suspender la aplicabilidad de la normativa a las empresas amparistas y a sus colaboradores, ante un riesgo inminente de “afectación grave a sus actividades comerciales”.
La Municipalidad de Asunción, representada por la abogada Sonia Martínez Adorno, apeló la medida argumentando que la suspensión carecía de fundamento jurídico, resultaba desproporcionada y lesionaba el interés público sanitario y ambiental. Sostuvo que la decisión judicial omitió ponderar adecuadamente la presunción de legitimidad de las ordenanzas municipales, las cuales, según afirmó, responden al ejercicio del poder de policía en materia de higiene, salubridad, ambiente y circulación urbana.
Entre los agravios referidos por el municipio se alegó que no existía verosimilitud del derecho en favor de las empresas accionantes, ya que estas no demostraron vulneración de las libertades constitucionales que invocaron. También cuestionó que la resolución judicial careciera de una fundamentación suficiente, debido a que no se haya individualizada ni acreditada documentación sobre los colaboradores, contratos y vehículos afectados, los que consideró esenciales para otorgar cualquier medida cautelar de suspensión.
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