La constantes trapisondas y contradicciones del titular de la Senad, Jalil Rachid, para justificar el intento de divorcio con la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) dan pie a sospechas sobre el trasfondo real. Uno de ellos podría ser montar su propio “sistema de escuchas” contra enemigos.
Desde que se desató la crisis entre la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos de América y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por el anuncio unilateral del ministro Jalil Rachid de cesar la cooperación en el marco del programa de Unidad de Información Sensible (SIU), los intentos de justificación del zar antidrogas local no hicieron más que embarrarlo y aumentar las sospechas sobre el trasfondo real de esta “decisión política”.
La primera contradicción se da entre sus dos notas remitidas a los representantes de la DEA, ya que la inicial, donde se anunciaba el quiebre –datada el 6 de diciembre–, alegaba como motivo de divorcio la supuesta intención de “redistribución de personal operativo” y fortalecer otras áreas, postura que cambió sustancial y radicalmente para el 17 de diciembre pasado.
“Por la presente (nota) venimos a informar la culminación de la participación de la Senad, en dicho programa (SIU). La decisión institucional de finalizar con dicho programa responde a la necesidad de optimizar la redistribución del personal operativo y fortalecer otras áreas operativas”, señala la primera nota.
Sin embargo, el 17 de diciembre, luego de que se filtrara el primer pedido y se desatara un escándalo, Rachid pide dejar sin efecto el divorcio con la DEA, alegando haber desconocido la vigencia de un convenio suscrito en 2022 (Gobierno de Mario Abdo Benítez).
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