El gobierno rumano pretendía utilizar un decreto ley para despenalizar algunos delitos de corrupción, lo que beneficaría al líder del partido oficialista. Sin embargo, miles de personas salieron a la calle y obligó a los políticos a revertir la decisión.
El Gobierno socialdemócrata rumano tuvo que celebrar este domingo una sesión extraordinaria para retirar el polémico decreto ley que despenaliza ciertos delitos de corrupción, y cuya aprobación ha generado la mayor oleada de protestas en el país balcánico desde la caída del comunismo en 1989, indica un cable de la agencia española EFE.
El martes pasado el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido el líder del oficialista Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que no hubiera respondido ante un tribunal por un caso de corrupción con un daño para el Estado valorado en 24.000 euros.
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