La Policía Federal de Brasil no ha detectado nuevas minas ilegales en territorio yanomami por primera vez desde que comenzó a monitorear esta actividad hace casi tres años. Sin embargo, aún existen muchas barreras para poner fin a la minería ilegal en la zona.
La Operación Liberación (Operação Libertação), un sistema satelital utilizado por la policía para monitorear la Amazonía brasileña, no ha detectado nuevas minas en más de un mes, el periodo más largo sin hallazgos desde que comenzó a operar en agosto de 2020. Esto concuerda con una disminución constante en las actividades mineras nuevas. En abril y mayo de 2023, el sistema detectó 33 minas nuevas, frente a 538 durante el mismo período de 2022.
La minería ilegal en los estados norteños de Brasil, como Roraima, ha tenido graves consecuencias tanto para la población de las zonas afectadas como para el medio ambiente. Dicha actividad aumentó en los últimos años debido al apoyo de los políticos locales; por otro lado, la llegada del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) a la región, en 2018, condujo a un aumento del flujo de armas hacia los mineros, quienes se volvieron en contra de las comunidades yanomami.
Durante su campaña electoral, Lula prometió detener el deterioro ambiental causado por la minería ilegal, que había aumentado durante el gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro. Este último había revertido las protecciones ambientales y alentado la explotación de la Amazonía, lo que llevó a altos niveles de deforestación.
La ausencia de minas nuevas es otro indicador de que las recientes políticas de Brasil están siendo eficaces para combatir la industria del oro ilegal, pero estos avances exigen que a los mineros ilegales se les ofrezcan oportunidades económicas alternativas.
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