En el caso del presunto vaciamiento de la firma ARA S.A. de Finanzas el juez Miguel Palacios rechazó los pedidos de prescripción y sobreseimiento definitivo planteados por las defensas de Carlos Hugo Sosa Palmerola y Gustavo Vera Avalos, quienes están imputados por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. […]
En el caso del presunto vaciamiento de la firma ARA S.A. de Finanzas el juez Miguel Palacios rechazó los pedidos de prescripción y sobreseimiento definitivo planteados por las defensas de Carlos Hugo Sosa Palmerola y Gustavo Vera Avalos, quienes están imputados por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En la audiencia preliminar se debatió la prescripción de la acción penal en relación con los hechos que, según la imputación fiscal, ocurrieron entre los meses de marzo y abril de 2015 en las sucursales de la financiera ubicadas en Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. En esos locales, se habrían detectado faltantes millonarios de dinero, que presuntamente fueron encubiertos mediante operaciones cambiarias ficticias y documentos con firmas adulteradas.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que en la sucursal de Pedro Juan Caballero el faltante ascendió a USD 5.735.000, mientras que en Ciudad del Este se registró un faltante de USD 6.111.346. En ambos casos, se habrían utilizado pagarés y recibos falsificados para simular la existencia de esas sumas de dinero en caja, siendo las operaciones respaldadas por firmas de supuestos beneficiarios, en su mayoría ciudadanos brasileños, que habrían sido falsificadas por los funcionarios implicados.
Durante la audiencia, la defensa de Sosa Palmerola, representada por la abogada Sara Parquet, solicitó al juzgado que declarara la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, se dictara su sobreseimiento definitivo. La profesional argumentó que desde la fecha de los hechos hasta la actualidad ya había transcurrido el doble del plazo legal previsto por el Código Penal, lo que tornaba ilegítima la continuación del proceso. Sostuvo, además, que su defendido no habría participado directamente en las falsificaciones, y que los responsables de esos actos ya habían sido sobreseídos.
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