En su análisis, afirmó que no se trata de una deuda del Fondo de Jubilaciones, ya que sus “únicos acreedores son los jubilados que cada mes deben cobrar sus beneficios”, por lo que la deuda está compuesta por compromisos con las farmacéuticas, por medicamentos e insumos que entregaron “a cuenta”, además de lo que se le debe a los bancos “que le pagaron a esas farmacéuticas, pero se quedaron con los derechos crediticios para cobrarle al IPS esa deuda (cesión de deuda)”. Recordó que antes de la pandemia, la deuda con los proveedores rondaba los USD 80 millones, cifra que en 2021 ya trepaba a más de USD 250 millones, y a fines de 2022 se autorizó al IPS endeudarse con los bancos sin límite de monto para cancelar ese monto.
En medio del análisis de un pedido de ampliación solicitado por el Instituto de Previsión Social (IPS), por G. 189.323 millones para el Presupuesto 2025, se propuso la creación de una comisión especial para analizar el origen de la millonaria deuda de la previsional con sus proveedores y entidades financieras.
Esto se debe a que recientemente, durante la defensa del Presupuesto 2026 que realizaron las autoridades del IPS, se supo que la previsional arrastra una deuda de USD 991 millones, lo que desató la ira de algunos legisladores, como la senadora Celeste Amarilla, quien indicó que la culpa siempre se lanza hacia gobiernos anteriores.
En tanto que la senadora Esperanza Martínez pidió explicaciones en torno al motivo por el que se siguen tercerizando servicios de tomografía, resonancia y tratamientos oncológicos.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla solicitó una mesa de trabajo para abordar esa deuda millonaria que se acumuló en solo tres años y que para ser cancelada se requiere de varios años y de una muy buena planificación.
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