Cañicultores de la jurisdicción de M. J. Troche buscan desligarse de la presentación de declaración jurada de bienes, que obliga la ley 6355 que rige desde el actual año (2020). Presionan para que Petropar reciba sus productos.
Productores pretenden que se les exonere de la declaración jurada
MAURICIO JOSÉ TROCHE (Carlos Ávalos y Víctor Barrera Burgos, corresponsales). La Asociación de Cañicultores de esta comunidad llevó a cabo ayer una caravana con unos 30 camiones repletos de caña dulce, que recorrió desde la alcoholera de Petropar hasta el desvío de la compañía Itacurubí, unos 6 kilómetros, para exigir el inicio de la admisión de sus productos en la planta estatal, que normalmente empieza en mayo.
Pero desde este año los productores de esta región así como todos los demás proveedores del Estado están regidos por la ley Nº 6355, que exige presentar su declaración jurada de bienes y rentas a quienes reciben fondos públicos. La normativa fue aprobada en el 2019 y recientemente la Cámara de Diputados, con impulso de cartistas y abdistas, dio media sanción a un proyecto de ley que exime de la obligación a los cañicultores de Troche.
El presidente del gremio, Braulio Salinas, indicó que la citada ley impacta a más de 2.000 cañicultores censados, advirtió que más de 11.000 hectáreas de caña dulce apeligran perderse si no es comercializada a tiempo y que los perjuicios monetarios serían muy altos.
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