El MOPC y la Procuraduría siguen buscando “salidas jurídicas” al contrato con Mota Engil, que ya había recibido más de US$ 21 millones, sin terminar el metrobús. Dicen que quieren abonar solo por lo ejecutado, aunque no aclaran si eso implica pagar más o recuperar parte de lo abonado.
El proyecto metrobús no solo es un mal recuerdo para la ciudadanía, que solamente tras la intervención de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pudo recuperar la circulación por la ruta Mcal. Estigarribia, afectada por las obras, sino que además se ha convertido en un “clavo” para el Estado, dejado en este caso por la gestión ministerial de Ramón Jiménez Gaona.
La obra está parada e inconclusa, pero el MOPC todavía debe hallar una solución al fracasado proyecto, tanto a nivel vial como contractual. Promesas al respecto ya fueron hechas por el actual ministro Arnoldo Wiens, pero tres meses después de haber vencido el contrato respectivo la Procuraduría sigue estudiando posibles salidas jurídicas con respecto a los compromisos asumidos en su momento por el MOPC con la empresa Mota-Engil para la construcción del metrobús, según afirmó ayer el procurador general, Sergio Coscia.
“Mota-Engil en su oportunidad presentó un sinnúmero de reclamos en diversos conceptos, los cuales estamos estudiando detalladamente, ya que el Estado solo abonará las obras efectivamente realizadas por el contratista”, manifestó, en conversación con ABC Color.
Sobre cómo llegarían a tal objetivo, señaló: “Pretendemos entablar una negociación directa con los representantes de Mota-Engil, a los efectos de brindar una solución justa a las pretensiones de ambas partes, a fin de evitar desavenencias mayores que puedan desembocar en un arbitraje internacional y con ello proteger el patrimonio estatal”.
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