El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2026 asigna un incremento al sector educativo, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) como principal receptor. Sin embargo, al analizar los números en detalle, se confirma que la mayor parte de los recursos se destinará nuevamente a cubrir salarios y obligaciones corrientes, dejando poco margen para infraestructura, innovación y calidad educativa.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEC tendrá un presupuesto cercano a G. 12,6 billones, un aumento respecto al 2025. En términos oficiales, se habla de un crecimiento de 6% frente al presupuesto vigente de este año, aunque si se compara con el monto originalmente proyectado para el 2025, el incremento real ronda apenas el 2%. La diferencia radica en la base de comparación, lo que evidencia cómo se comunican los números para mostrar un mayor esfuerzo fiscal de lo que realmente existe.
Este incremento, aun siendo positivo, no representa un salto significativo para un sistema educativo que enfrenta déficits históricos. El propio MEC admite que el grueso de los recursos irá destinado a salarios de docentes, ajustes por inflación y regularización de escalafones.
El problema central persiste: cerca del 90% del presupuesto del MEC se destina a remuneraciones. Esto significa que apenas un 10% queda disponible para programas estratégicos como kits escolares, gratuidad de la educación media, materiales didácticos o inversiones en infraestructura. Con una estructura tan "salarizada", resulta difícil pensar en transformaciones profundas en la calidad de la enseñanza.
El aumento en salarios, aunque legítimo y esperado por el gremio docente, no se traduce automáticamente en mejores aprendizajes ni en aulas en mejores condiciones. Miles de locales escolares requieren reparación urgente, pero los recursos asignados para este fin siguen siendo insuficientes.
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