Un amparo constitucional fue presentado ante un juzgado de Primera Instancia de la Capital con el objetivo de detener el proyecto inmobiliario “Areguá Forest”, un barrio cerrado que se desarrolla en una zona considerada de alto valor ambiental en el distrito de Areguá. La acción judicial busca el cese inmediato de la oferta, comercialización y venta de lotes del emprendimiento, al que se atribuyen graves irregularidades legales y ambientales y de poner en riesgo para la cuenca del Lago Ypacaraí.
La presentación fue realizada por la abogada especializada en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo y el abogado ambientalista Ricardo Merlo Faella, en representación de Cabaña La Libertad S.A. (CLLSA), propietaria de una granja avícola ubicada en la zona de influencia directa del proyecto. El amparo está dirigido contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Municipalidad de Areguá y la empresa Grupo F27 S.A., responsable del desarrollo inmobiliario.
Según los accionantes, el proyecto instalado en la Compañía Isla Valle, es un área clasificada como “Sub-Zona de Interés Ambiental” por la Ordenanza Municipal N° 22/2003. Esta normativa establece severas restricciones al uso del suelo, entre ellas la prohibición de loteamientos menores a 10.000 metros cuadrados, construcciones de gran porte, industrias y comercios de gran escala, con el fin de proteger los bosques nativos y la cuenca del Lago Ypacaraí.
No obstante, el MADES otorgó en noviembre de 2024 una licencia ambiental al proyecto (Resolución DGCCARN N° 2215/2024), mientras que la Municipalidad de Areguá aprobó los planos de urbanización en abril del mismo año (Resolución N° 27/2024). Ambos actos administrativos son calificados en el amparo como “manifiestamente ilegítimos”, por contradecir abiertamente las disposiciones de ordenamiento territorial vigentes.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la deforestación de aproximadamente seis hectáreas de bosque nativo, realizada sin autorización del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Esta acción vulneraría la Ley N° 6676/2020, que prohíbe la transformación de superficies boscosas mayores a dos hectáreas para asentamientos humanos en la Región Oriental. Informes oficiales del INFONA, como el Monitoreo Satelital N° 10/2025 y el Acta de Intervención N° 3722/2025, confirman la inexistencia de planes de manejo forestal y motivaron una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio...
Leer la nota completa en Judiciales Paraguay
