En julio de este año, la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, se embolsó 19.645.070 guaraníes en concepto de “otras transferencias corrientes”, es decir, por haber sido beneficiada con la distribución de las multas aplicadas a los contribuyentes, en virtud de la Ley 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal. Los anteriores viceministros no han estimado necesario sacarle una tajada a la sanción pecuniaria, no así la actual, pese a que no es una funcionaria de carrera y que puede convertirse en juez y parte, ya que es ella la que en última instancia, en caso de apelación, debe decidir si corresponde o no aplicar una multa. También en Aduanas los funcionarios pueden gozar de un beneficio similar. Es decir, quienes tienen la suerte de estar en la SET o en la institución aduanera gozan de un tratamiento legal privilegiado, que viola el principio constitucional de igualdad ante la ley. Es ofensivamente inmoral cobrarle al Estado un dinero extra por abstenerse de cometer el delito de cohecho pasivo agravado. Por lo demás, si ciertos funcionarios se embolsan el 50% de las multas canceladas, hasta les convendría que aumentara el número de infracciones y delitos fiscales.
En julio de este año, la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, se embolsó 19.645.070 guaraníes en concepto de “otras transferencias corrientes”, es decir, por haber sido beneficiada con la distribución de las multas aplicadas a los contribuyentes, en virtud del art. 239 de la Ley 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal. Esta norma dispone lo siguiente: “El funcionario actuante será considerado ‘denunciante’ de cualquier infracción a la Ley Nº 125/91 y tendrá derecho hasta al 50% de las multas que se aplicaren y cobraren al transgresor. Se considera que...
La ley citada rige desde 2004, sin que los anteriores viceministros hayan estimado necesario sacarle una tajada a la sanción pecuniaria. En cambio, la actual titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) resolvió hace dos años que ella tenía derecho a recibir un porcentaje de la multa, pese a que no es una funcionaria de carrera. Además, puede convertirse en juez y parte, en el caso de que un contribuyente afectado apele un fallo, ya que quien tiene que decidir finalmente es la titular de la SET. No puede descartarse que se sienta tentada a rechazar la apelación, dado que ella...
Más allá de esta cuestionable participación de la viceministra, cabe poner en tela de juicio la misma cláusula legal, porque se otorga un premio por el simple cumplimiento del deber, por el que ya se recibe un salario. Algo similar disponen los arts. 329 y 334 del Código Aduanero al adjudicar a los denunciantes, que pueden ser los propios funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la mitad de la multa percibida en los casos de “falta por diferencia” y de defraudación.
O sea que quienes tienen la suerte de estar instalados en la SET o en la DNA gozan de un tratamiento legal privilegiado, que viola el principio constitucional de igualdad ante la ley y colisiona con el art. 49 de la Ley de la Función Pública, según el cual los funcionarios tienen derecho a “la igualdad, sin discriminación alguna, de oportunidades y de trato en el cargo”. Esta disposición, que no incluye el derecho a tener participación en multas, rige para el trato a darse a todos los funcionarios de la administración pública y no solo a los de una misma institución.
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