Porque la política de Cartes les hace daño y no quieren cinco años más de lo mismo; no quieren el rekutu y es comprensible. Sobre la política de Cartes existe un buen balance, y es el libro de Abel Areco y Marielle Palau, Judicialización y violencia contra la lucha campesina, publicado en agosto del año pasado por Base IS. Entre agosto de 2013 y agosto de 2016, dice el libro, hubo 43 casos de criminalización de las reivindicaciones campesinas.
Como contrapartida, hubo una increíble tolerancia con los abusos cometidos por terratenientes.
En Judicialización y violencia no aparece un abuso cometido semanas después de su publicación: un brasiguayo, desde un helicóptero de Yacyretá, dirigió el desalojo de 200 familias campesinas asentadas en Guahory, aunque sí aparecen abusos anteriores en el mismo lugar.
Aparecen también la matanza y posterior juicio del caso Marina Cué (Curuguaty), aún no concluido en los tribunales, a causa de demoras intencionales, y cuya injusticia muestra cuál es la actitud del Gobierno hacia los campesinos.
No vale la objeción de que se trata de una cuestión del Poder Judicial y del Ejecutivo, pues el Ejecutivo ha intervenido indebidamente para aceptar la presunta donación de Marina Cué por la empresa Campos Morombí, que ni la ha donado ni tenía facultades para ofrecerla en donación. Aquí Cartes, con los parlamentarios de su equipo, hizo aprobar la donación mediante una ley absurda e inconstitucional. Utilizando sus parlamentarios, Cartes hubiera podido enjuiciar a los jueces prevaricadores y no lo hizo. No lo hizo porque su política ha sido la de criminalizar las reivindicaciones campesinas...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
