El pago de sobornos por parte del presidente Horacio Cartes fue denunciado en 2015 por el congresista Mario Abdo y ratificado posteriormente por varios parlamentarios (Enrique Bachetta y Cynthia Tarrago, entre otros). ¿Por qué la justicia no interviene?
En junio de 2015, Ñanduti Digital publicó el correo de un vocero del EPP que implicaba al entonces jefe de la Senad, Luis Rojas, en el crimen del Capitan Enrique Piñanez. Una hora después, la fiscala Sandra Quiñónez se presentaba en la radio exigiendo que se le entregara la dirección desde la que se había enviado el mail.
También en junio de 2015, saló a la luz una grabación en la que el “narcoinformante” Ezequiel de Souza revelaba los nombres de funcionarios del gobierno, de autoridades fiscales y jueces implicados en el narcotráfico. El escándalo terminaó con la interpelación del ministro del Interior, Francisco de Vargas, su vice Javier Ibarra, el jefe de la Senad, Luis Rojas y una investigación no sobre las graves denuncias que hacía el hoy condenado narco sino sobre las circunstancias en que se registró el testimonio.
Hace poco más de un mes, el nuevo jefe de la Senad mencionaba la existencia de un plan para matar al presidente. Inmediatamente, la fiscalía abrió una investigación y convocó a declarar a todas las personas que opinaron al respecto. Esto incluyó al presidente del Congreso, Robert Acevedo.
Sin embargo, la justicia no ha procedido con la misma celeridad en un caso tan o mucho mas grave que los anteriores y que afecta directamente el funcionamiento de la república: la denuncia del pago de sobornos al Congreso por parte del presidente Horacio Cartes.
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