El Poder Judicial debe abstenerse de realizar conductas que afectan derechos humanos, como restricciones indebidas a la libertad de expresión, como la adopción de medidas cautelares que constituyen censura previa, manifestó la jueza Rossana Frutos Olguín. “El Estado, a través de sus órganos dependientes, en este caso el Poder Judicial, debe abstenerse de realizar conductas […]
El Poder Judicial debe abstenerse de realizar conductas que afectan derechos humanos, como restricciones indebidas a la libertad de expresión, como la adopción de medidas cautelares que constituyen censura previa, manifestó la jueza Rossana Frutos Olguín.
“El Estado, a través de sus órganos dependientes, en este caso el Poder Judicial, debe abstenerse de realizar conductas que afecten los derechos humanos, como lo es someter a las personas a procesos sin garantías del debido proceso, o la realización de actos directos o indirectos que constituyan restricciones indebidas a la libertad de expresión como la adopción de medidas cautelares que constituyan censura previa al impedir la difusión de información de interés público por parte de quien desee ejercer su libertad de expresión”, manifestó la jueza Frutos en considerando de su resolución.
“En efecto, en este caso de marras, de las constancias de autos se tiene que la actora se agravia por la difusión por parte de los denunciados, por un material periodístico en el cual se relatan hechos de supuesta corrupción por parte del esposo de la denunciante y la obtención por parte de la denunciante de un porcentaje de ganancias. Estas alegaciones entendemos que son en esencia información de interés público, es decir, consideradas discursos especialmente protegidos por el manto de la libertad de expresión en un contexto democrático, en el cual, el flujo de información es esencial para...
“Por lo tanto, si bien el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y en ese sentido, admite responsabilidades ulteriores, éstas deben aplicarse bajo un estricto análisis por lo mismo es necesario que esta Magistratura realice una ponderación entre el derecho a la libertad de expresión de quien comunica (parte denunciada) y el derecho a la honra de la persona afectada (denunciante)”, apuntó la magistrada.
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