A seis meses de su promulgación, el miércoles 16 de julio entró en vigencia la Ley 7445/2025 “de la función pública y del servicio civil”. En teoría esta debería ser la gran piedra angular de la postergada reforma del Estado, pero la normativa que se terminó aprobando deja tantos resquicios para evadirla que, conociendo a nuestra clase política, intrínsecamente viciada de clientelismo, abusadora consuetudinaria de los recursos estatales, existe el fundado temor de que solo sea un cambio para no cambiar nada, apenas para intentar conformar a las calificadoras de riesgo, y que, en la práctica, una vez más, se vuelvan a frustrar las esperanzas de la ciudadanía.
El declarado objeto de la ley es “promover la profesionalización, la meritocracia y la transparencia en la administración pública”, pero fue exactamente eso lo que se adujo, con idénticas palabras, cuando se aprobó la ahora derogada Ley 1626/2000 “de la función pública”, que fue sistemáticamente pasada por arriba, olímpicamente incumplida, además de permanentemente perforada por medidas cautelares, recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad aceptados por magistrados que actuaron como jueces y parte, rozando o directamente incurriendo en prevaricato.
El resultado es que, veinticinco años después, antes que una estructura estatal moderna, profesional, útil a la ciudadanía, como nos prometieron, tenemos una burocracia supernumeraria repleta de planilleros, de recomendados, de parientes, de amantes, de operadores políticos, más preocupados por responderles a sus caudillos y padrinos que al país.
Por supuesto que también hay muchos buenos funcionarios, capaces, honestos, dedicados, y estos son las primeras víctimas del sistema, porque, a pesar de su esfuerzo, habilidades, conocimientos y experiencia, están constantemente expuestos a ser relegados por los paracaidistas o los chupamedias.
Además, existe una maraña de condiciones diferentes de trabajo, remuneraciones y beneficios entre los distintos entes, en gran medida a partir de contratos colectivos muchas veces abusivos y nulos, por pactarse al margen del Presupuesto, lo que genera toda una gama de privilegios indebidos.
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