Indígenas presentes en un reciente taller organizado por Codehupy y otras entidades no gubernamentales manifestaron su propósito de obtener un número fijo de asientos en el Congreso, bancada cuyos componentes no provendrían del voto universal sino restringida a su sector social. En las condiciones legales actuales, esto sería inconstitucional. Existen otras varias razones para que esa solución no sea factible. Una bancada obligatoria indígena en el Congreso no sería sino una nueva forma de separación, un estilo de “apartheid”. Además, si los indígenas paraguayos logran una banca exclusiva para sí en el Congreso, también tendrían derecho a reclamarlas otras minorías que, con o sin justa razón, se sienten discriminadas. Habría entonces varias bancadas, para cada color de piel, para cada discapacidad, para cada oficio, para cada tendencia sexual o religión. Nadie puede creer que un Poder del Estado pueda funcionar de esta manera. Lo que se debe buscar es que las entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con los indígenas, los capaciten debidamente para que sus representantes más preparados vayan insertándose cada vez más en las entidades políticas y sociales.
En un reciente taller de información y capacitación en temas electorales realizado por una entidad denominada Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y propiciado por otras organizaciones no gubernamentales como la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, Tierraviva, Unión Europea y Diakonía, se debatió con un grupo de indígenas paraguayos el tema de la representación política dentro del régimen democrático, tal como está regulado en nuestro país.
Los indígenas presentes en la jornada manifestaron su propósito de obtener un número fijo de asientos en el Congreso, bancada cuyos componentes no provendrían del voto universal sino restringida a su sector social. Dicen que así tendrían una representación exclusiva, directa, sin intermediaciones. En las condiciones legales actuales, esto sería inconstitucional; pero supongamos que fuese factible.
Comiéncese por reconocer que la marginalidad social y política de nuestros pueblos indígenas es un hecho incontrovertible; pero es un hecho histórico, es el resultado de cómo se fueron desarrollando nuestras sociedades en América a lo largo de los últimos siglos; la discriminación es efecto de muchas y complejas causas acumuladas y no de la mala actitud de mayorías crueles o racistas, como algunos plantean en forma harto simplista.
La incorporación real y efectiva del nativo a la sociedad nacional ciertamente no se logrará por la vía de cupos de participación política exclusivos para ellos sino por su integración en las organizaciones sociales y políticas. Una bancada obligatoria indígena en el Congreso no sería sino una nueva forma de separación, un estilo de “apartheid”.
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