Los pliegos de bases y condiciones publicados –hasta ahora– por cinco de las 15 gobernaciones del país para la implementación del publicitado programa Hambre Cero están plagados de requisitos que podrían ser limitantes para la participación de oferentes, según las primeras observaciones de Contrataciones Públicas. En su mayoría exigen una facturación en los últimos tres años del 50% del monto ofertado, además de otros sugestivos ítems referentes a la experiencia requerida. Por otro lado, la DNCP investiga graves denuncias sobre llamado del MDS.
Cinco de las quince gobernaciones del país que tendrán, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a su cargo la implementación del programa de alimentación escolar, conocido como para los respectivos llamados a licitación.
Las primeras verificaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a estos procesos arrojaron que algunos de los ítems podrían ser limitantes o excluyentes para potenciales oferentes.
Las instituciones departamentales que están en plena convocatoria son: Amambay, al mando de Juan Acosta (ANR, cartista); Caazapá, a cargo de Cristhian Acosta (ANR, cartista); Guairá, administrada por César Luis Sosa (ANR, cartista); Canindeyú, al mando de Nelson Martínez (ANR, cartista) y Paraguarí, a cargo de Norma Zárate de Monges (ANR, cartista).
Los montos son por G. 49.096 millones, G. 83.327 millones, G. 12.974 millones, G. 80.047 millones y G. 34.000 millones, respectivamente, es decir, en forma global –hasta ahora– suman 259.444 millones de guaraníes, unos 34 millones de dólares, que se destinarán entre agosto de 2024 y julio de 2027 (tres años).
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